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El inicio de 2026 encuentra al gobierno de Chile ante el mayor desafío de su mandato: materializar el Pacto Fiscal y sacar adelante la Reforma de Pensiones. Tras un año de intensas negociaciones y una polarización política sin precedentes, la administración ha puesto todas sus fichas en estos dos proyectos que, de aprobarse, reconfigurarían profundamente el modelo de desarrollo social y económico del país para las próximas décadas.
El Pacto Fiscal: ¿Consenso o estancamiento?
El Pacto Fiscal, presentado como un acuerdo transversal para aumentar la recaudación y financiar el gasto social, ha encontrado resistencia en sectores de la oposición y empresariales. Aunque se han logrado acuerdos parciales en materia de fiscalización tributaria y beneficios a la inversión, los puntos más álgidos —como el aumento de impuestos a las grandes empresas o la creación de nuevas figuras impositivas— siguen empantanados.
El ministro de Hacienda ha reiterado que el Pacto Fiscal es indispensable para financiar programas sociales urgentes en áreas como salud, educación y seguridad. Sin embargo, la oposición argumenta que cualquier aumento impositivo debe ir acompañado de una reforma profunda al gasto público y de medidas concretas para incentivar la inversión privada. La tensión es palpable, y se espera que las últimas semanas de febrero sean cruciales para determinar si el gobierno logra capitalizar el apoyo ciudadano en sus propuestas o si se verá obligado a flexibilizar aún más sus planteamientos originales.
La Reforma de Pensiones: Un nudo gordiano
Si el Pacto Fiscal es un desafío, la Reforma de Pensiones es un verdadero «nudo gordiano» que nadie ha logrado desatar en Chile en los últimos 20 años. La propuesta del gobierno, que busca crear un sistema mixto con un componente público y un 6% de cotización adicional a cargo del empleador (con diferentes destinos para este porcentaje), sigue dividiendo las aguas.
La principal fricción radica en el destino de ese 6% extra: mientras el gobierno insiste en destinar una parte a un fondo colectivo solidario, la oposición y algunos gremios empresariales abogan por su total o mayor acumulación en las cuentas individuales de los trabajadores. La reciente decisión del Tribunal Constitucional de revisar algunos aspectos clave de la propuesta podría dilatar aún más la discusión, generando incertidumbre entre los millones de jubilados que esperan una mejora sustancial en sus ingresos.
El rol de la ciudadanía y las demandas sociales
Más allá de los salones del Congreso, la presión social juega un papel fundamental. Las encuestas muestran un alto descontento ciudadano con el sistema de pensiones actual y una demanda creciente por servicios públicos de calidad. El gobierno se esfuerza por comunicar los beneficios directos de sus reformas a la ciudadanía, consciente de que el apoyo popular es la mejor arma para destrabar los proyectos en un parlamento fragmentado.
El 2026 será, sin duda, un año decisivo para la administración. El éxito o fracaso de estas dos grandes reformas no solo determinará el legado político del actual gobierno, sino que marcará la hoja de ruta del desarrollo social y económico de Chile para las próximas décadas.
